La muerte de un alumno de Enseñanza Media impactó a la comunidad de la Alianza Francesa de Santiago. Aunque no se puede establecer una causalidad directa entre la medida que tomó el colegio y la decisión del menor, el hecho abre un debate: cómo se criminaliza el consumo de marihuana, tenencia o comercialización de drogas al interior de los colegios más caros de Chile.
El sábado 2 de septiembre la parroquia El Bosque no dio abasto. Familiares y estudiantes del Lycèe Antoine de Saint-Exupèry –la Alianza Francesa de Las Condes– llenaron el espacio en el último homenaje a Gonzalo (su nombre ha sido cambiado), un alumno de Enseñanza Media que se suicidó el jueves anterior.
El dolor de los compañeros, profesores y familia es obvio, sobre todo por una serie de preguntas que también instaló su partida: veinte días antes de su muerte, encontraron a Gonzalo con marihuana en un baño del colegio. El establecimiento había estado semanas antes hablando sobre la tenencia de drogas y la aplicación de la Ley 20.000 –conocida como la Ley de Drogas– junto a Carabineros, la PDI y la comunidad educativa. Quizás por eso resultó más obvia la decisión: el colegio denunció al joven a Carabineros, que llegó a buscarlo al establecimiento.
Según comentan fuentes del colegio, el niño salió caminando acompañado de un inspector varios pasos más atrás que los policías, justamente para evitar un impacto mayor.
Gonzalo fue llevado a la comisaría. Después fue pasado al Consejo de Disciplina del establecimiento –conformado por autoridades, apoderados y estudiantes–, donde se decidió una suspensión de 9 días.
El primer día cumpliendo la sanción, Gonzalo se suicidó.
Drogas en el colegio
Nadie puede decir que exista una causalidad entre la sanción y el suicidio de Gonzalo; sin embargo, se instaló en la comunidad educativa un debate sobre cómo se aborda el consumo o tenencia de drogas al interior de los colegios porque sí existe un contexto.
“El colegio no es y nunca debe ser una máquina de rendimiento o una institución total, por lo tanto, su rol nunca debe ser policial o carcelario”, señala el doctor en Educación de la Usach, Jaime Retamal. “Hay algo que se llama ‘tacto pedagógico’, en consecuencia, si no se obra con esa sutileza, se puede incluso poner en riesgo al mismo estudiante. El tacto pedagógico obliga primero a comprender y después a actuar”, comenta Retamal sobre la situación que impera en algunos colegios que, enfrentados a casos de drogas, tienen como primera opción llamar a la policía.
El académico cree que los educadores de un colegio lo primero que deben hacer, de acuerdo al buen criterio pedagógico, es asumir educativamente todos los hechos de conductas disruptivas que interrumpan la normalidad de la experiencia escolar. “Jamás se deben criminalizar, judicializar o burocratizar –en primera instancia– las conductas que no son apropiadas de los estudiantes. Si así fuera, los educadores de ese colegio tendrían que revisar seriamente sus criterios y principios de acción educativa. No es correcto llamar a Carabineros antes de realizar todo un recorrido de y con sentido educativo. Sea de lo que se trate, incluso drogas. Los educadores deben asumir esas conductas y establecer un diálogo formativo con el estudiante”, recalca.
El alumno incluso se sometió a un test de orina para probar que no consumía y tampoco era promotor del uso de la marihuana. Aún así, el colegio insistió en cancelar la matrícula del año siguiente, un hecho que finalmente se suspendió después de las acciones legales que tomó la familia, que llegó hasta la Corte de Apelaciones de Santiago.El año 2015, el colegio Verbo Divino perdió frente a un recurso de protección interpuesto por la familia de un alumno. Según consta en el expediente del caso, el menor fue llamado a la oficina del director a dar explicaciones por su consumo y venta de drogas en el establecimiento, hecho que él siempre negó. “Dentro de las evidencias de los docentes existe una serie de elementos asociados a la música rap”, señalaba el padre del menor en el recurso, alegando en contra de la irrisoria acusación.
Una solución pendiente
“Los colegios de élite están al debe, muy al debe”, dice Jaime Retamal. “Si miramos los resultados en la dimensión ‘ambiente de respeto’ de los mejores colegios PSU de Chile, resultados que entrega la Agencia de Calidad, apenas superan los 70 puntos de 100. Estamos hablando de colegios que tienen todas las condiciones materiales y humanas para tener mejores resultados en estas variables más blandas y, sin embargo, apenas logran 70 puntos”, detalla.
Retamal señala que, si los midiéramos con el mismo nivel de exigencia que sus pruebas académicas, donde la nota mínima de aprobación está, no en el 60% sino en el 70%, “apenas tienen un cuatrito en clima escolar, específicamente en su dimensión de ambiente de respeto. Los colegios de élite en Chile tienen el desafío de lograr climas escolares de alto estándar en bienestar educativo. No se va al colegio a sufrir o a solo rendir académicamente, se va al colegio a tener una experiencia escolar gratificante, donde el bienestar emocional y el placer por aprender van de la mano”, apunta el académico.
Ximena Bugueño, jefa de la División de Promoción y Resguardo de Derechos de la Superintendencia de Educación, plantea que, en cuanto a la normativa vigente, es necesario distinguir entre el consumo y la venta de marihuana y/o estupefacientes por parte de un estudiante, ya que esta última constituye un ilícito. «No obstante lo anterior, ambos casos deben ser tratados con especial preocupación por parte de los adultos del establecimiento educacional, resguardando siempre el interés superior del niño o niña, su integridad física, psicológica y emocional, su dignidad, y también la integridad física y psicológica del resto de la comunidad escolar. Se debe informar a los padres de lo sucedido; abordar de inmediato la situación para indagar la magnitud, los riesgos y las causas que están en la base, y buscar las medidas de apoyo pedagógico y psicosocial que el estudiante requiere», señala Bugueño.
También señala que, en cuanto a la posible aplicación de sanciones disciplinarias, estas deben estar claramente descritas en el Reglamento Interno del establecimiento, garantizando siempre el derecho del estudiante afectado a realizar sus descargos en un debido proceso y a solicitar la reconsideración de la medida.
Verónica López, sicóloga del Centro de Investigación para la Educación inclusiva de la PUCV, cree que, al hablar de droga y convivencia, el tema colinda con la Ley de Violencia Escolar que es punitiva y formativa. “Es punitiva hacia las escuelas, porque les exige muchos protocolos para cumplir con la ley y la Superintendencia de Educación Escolar que los fiscaliza si no cumplen”, dice López, quien ve que en los establecimientos se juntan las leyes muchas veces por sobre la necesidad real de poner el enfoque en una buena convivencia.
“Se junta la Ley de Drogas, que tiene un enfoque de criminalidad contra los estudiantes, en tanto obliga a las escuelas a denunciar. En el fondo, pone el tema de la posesión y la comercialización de las drogas al interior de las escuelas al mismo nivel de un abuso sexual. Si el estudiante es imputable, esto se agrava. Entonces, estamos en un escenario de leyes y política legal que tiene un aspecto criminalizador. Se genera un ánimo punitivo”, comenta la sicóloga.
En un comunicado de prensa, la Corporación Educacional Alianza Francesa de Santiago no quiso referirse a los hechos que involucraron la denuncia en contra de Gonzalo, pero sí señalaron que están profundamente conmovidos con su muerte.
“No queremos que a raíz de su partida se generen rumores infundados, ni tampoco que se expongan aspectos privados por respeto al inmenso dolor que compartimos con su familia y amigos. Como comunidad sentimos la enorme pérdida por su partida, hubiéramos querido poder anticiparnos a la situación límite a la que llegó. Acompañamos y contuvimos con las herramientas que teníamos a mano y su partida nos ha dejado devastados”, dijeron.
Fuente: ElMostrador