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Gobierno piensa legalizar la tenencia y autocultivo de Cannabis en Argentina
Desde varias áreas del Ejecutivo, principalmente Seguridad, estudian los modelos de países y Estados que ya regularon el uso de marihuana o tienen discusiones en curso. Consideran que la legislación actual genera gastos innecesarios al perseguir al consumidor y ejecuta detenciones injustas. Por lo tanto el Gobierno ya piensa en el proyecto para legalizar la tenencia y autocultivo de Cannabis en Argentina.
- Sabina Frederic y Alberto Fernández
Todos los proyectos establecen la libertad de los usuarios de tener cannabis para fumar y también de cultivar sus propias plantas, excepto Illinois donde por un pedido de la Policía sólo se permite el cultivo a usuarios medicinales.
En los casos de los países de América del Norte, la regulación incluye el mercado. Es decir, que además de tener y cultivar, los usuarios pueden comprar (y también vender, bajo estrictas condiciones de licencia) en el mercado legal, en locales conocidos como dispensarios, donde cada cliente elige entre un “menú” la cepa que prefiere, la cantidad o la forma (en aceite, extracciones, en cigarrillos armados o simplemente los cogollos de la flor).
En el caso de Uruguay el mercado también está regulado pero bajo el monopolio del Estado, que se encarga de aprobar la actividad de las empresas interesadas y, especialmente, de vender y distribuir el cannabis para su consumo adulto a través de 16 farmacias autorizadas. Esta característica, al menos por ahora, lo hace un modelo impracticable a los ojos de los funcionarios del Gobierno que estudian el tema.
La idea del Gobierno nacional, por lo pronto, apuntaría en una primera etapa a destrabar el conflicto que generan las detenciones de consumidores y cultivadores bajo la bandera de “la guerra contra el narcotráfico”. Si bien al menos por ahora no existen cifras oficiales, de acuerdo con datos salidos de oficinas judiciales más de la mitad de los detenidos por infracción a la ley de drogas son consumidores.
En Capital, según una estadística de la fiscalía de Federico Delgado, durante 15 días de agosto de 2018, la cantidad de detenciones fue récord. El 90% del total de causas iniciadas en ese turno fueron por la ley de drogas, y el 73% fue por tenencia para consumo. De ese número, el 95% de los casos era cannabis la sustancia en cuestión, con un promedio de 9 gramos por persona.
La fiscalía de Delgado hizo una cuenta que llamó la atención en el Gobierno nacional para replicar a nivel macro: cuánto le cuesta esto al Estado. Según el fiscal, sólo en peritajes científicos para constatar las sustancias se gastaron, en dos semanas de 2018 en una sola fiscalía, $ 1.000.000.
En Illinois firmaron la amnistía para 11.000 presos por tener escasa cantidad de marihuana. Canadá también extendió un perdón y liberó a los detenidos. Al igual que en Argentina, el tema está cruzado por lo social. La mayoría de los presos por tenencia de drogas en Argentina es pobre. En Estados Unidos y Canadá es igual: pobres y negros o latinos. De momento, ni en el Ministerio de Seguridad ni en Balcarce 50 hablan de la posibilidad de una amnistía.
¿Cómo piensan legalizar la tenencia y autocultivo de Cannabis en Argentina?
Frederic ya comenzó a abrir el juego. Días atrás se reunió con referentes del Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis, que nuclea más de 30 organizaciones, entre cannábicas, de Derechos Humanos, Sociales, médicas y contra la violencia institucional de todo el territorio nacional, que ya trabajan desde el año pasado en un proyecto de nueva legislación basado en estos 5 puntos:
- La regulación legal del cannabis en la Argentina para personas mayores de 18 años es una medida necesaria y urgente, que debe basarse en el respeto por las libertades individuales y las prácticas culturales. Esta regulación busca minimizar las secuelas del narcotráfico y proteger la salud pública, no promover el consumo.
- Tanto el consumo responsable del cannabis y sus derivados como su acceso en condiciones que impliquen la máxima reducción de riesgos, daños y vulnerabilidades constituyen el principal objetivo de las políticas públicas en la materia. Restricciones similares a las vigentes para el tabaco podrían aplicarse al cannabis.
- El cannabis es la sustancia psicoactiva más utilizada en el país después del alcohol y del tabaco. Las características del mercado ameritan un sistema de producción, distribución y comercialización a gran escala que cubra la demanda existente y sea lo suficientemente estricto para resguardar los fines sanitarios de la regulación.
- El autocultivo y los clubes sociales o las formas cooperativas para producir cannabis deben ser protegidos por la regulación, al igual que la disponibilidad de semillas. Son prácticas amparadas constitucionalmente que además posibilitan el acceso democrático y equilibran el precio de mercado.
- La regulación legal del cannabis presupone no criminalizar conductas asociadas al consumo. Esto también aplica al resto de las sustancias psicoactivas, como sostiene el fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De lo contrario, se seguirán coartando derechos humanos de lxs usuarixs de estas sustancias.
